Más de 70 alcaldes de toda la provincia han asistido esta mañana en la DPH a un encuentro organizado por la Diputación Provincial de Huesca y la Delegación del Gobierno de España en Aragón con el objetivo de dar a conocer el proceso de solicitud para la instalación de videocámaras en los términos municipales.

La instalación de cámaras de vigilancia en el término municipal es útil para la prevención del vandalismo, así como para facilitar el esclarecimiento de delitos. Además, sirve como palanca disuasoria para frenar los robos en el campo. Por ello, y para que los alcaldes altoaragoneses pudieran solventar todas sus dudas sobre este asunto, DPH y Delegación de Gobierno en Aragón han organizado este encuentro cuyo objetivo ha sido dar a conocer el proceso de solicitud para la instalación de videocámaras en los términos municipales.

Como ha apuntado el presidente de la DPH, Isaac Claver, “estamos convencidos de que las nuevas herramientas digitales, como son los sistemas de videovigilancia, son muy útiles y disuasorios de los efectos nocivos que produce la criminalidad. Y nuestra finalidad es dar voz a los alcaldes, sentir sus preocupaciones y, en este caso y aunque no sea nuestra competencia, ayudarles a combatir la inseguridad en el territorio”. Para ello, la DPH está trazando un Plan de Seguridad Territorial que tiene dos vertientes: la asistencia técnica con un protocolo para que todos los municipios sepan cómo desarrollar e implantar sus sistemas de videovigilancia, y dotar a los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes de una ayuda económica para la compra de esos equipos. La DPH cuenta este 2024 con un presupuestos para este plan que se irá aumentando conforme se reclamen estas subvenciones. 

Por su parte el delegado de Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha señalado que “en la provincia, son ya 16 las localidades que cuentan con un sistema de videovigilancia autorizado y cinco se encuentran en trámite tras haberlas solicitado. Pero esperamos que este número se incremente próximamente, porque son varios los alcaldes y alcaldesas que han mostrado su interés, dado que hay una relación directa entre la instalación de cámaras y la reducción de la criminalidad”.

En la reunión se ha abordado igualmente cómo la Comisión de Garantías de Videovigilancia, establecida en la Ley Orgánica 4/1997, analiza la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos con la finalidad primordial de garantizar que dicha utilización sea estrictamente respetuosa con los derechos y libertades de los ciudadanos de acuerdo con los principios de idoneidad e intervención mínima.

La Comisión de Garantías está formada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Fiscal Jefe, un Abogado del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en Aragón y otro de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias. Además, están representados tanto Guardia Civil como Policía Nacional y un representante del ayuntamiento que ha realizado la solicitud.

El trámite para los ayuntamientos que quieren instalar cámaras se inicia con la presentación en la
subdelegación correspondiente de un informe de solicitud. Se lleva a la comisión de garantías y ésta ofrece informe favorable a la instalación o no.