“La nueva ley de vivienda tiene ante sí el importante reto, no solo de dar respuesta a un importante problema estructural de acceso a la vivienda, sino que debe hacerlo atendiendo a un territorio, el español, tremendamente heterogéneo”. Con este argumento la Diputación Provincial de Huesca ha presentado sus alegaciones al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que está en la actualidad en fase de consulta previa en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Para la Diputación de Huesca “esta ley tiene la obligación de desarrollar aquellas herramientas que nos garanticen a todos y todas una vivienda digna, pero tiene, además, la oportunidad de favorecer procesos de reequilibrio territorial, aprovechando el potencial del conjunto del territorio y convirtiendo una debilidad (la dispersión) en una fortaleza (la disponibilidad)”.

La DPH plantea que las estrategias en materia de vivienda que se desarrollen incluyan a los municipios

Así, la DPH plantea que las estrategias en materia de vivienda que se desarrollen incluyan a los municipios y argumenta que “las diputaciones podrían colaborar en el establecimiento de los servicios necesarios para impulsar el diseño de estrategias locales de Regeneración y Rehabilitación de pequeños municipios”. Precisamente la Diputación de Huesca viene desarrollando distintos estudios desde hace tiempo para disponer de una radiografía actualizada y completa del estado del parque de viviendas en su territorio.

Esta encuesta muestra la realidad del medio rural, y sobre todo de las localidades que no son cabecera de comarca. Por ejemplo, se estima que un 60% de los ayuntamientos asegura que existe demanda de vivienda de alquiler en su municipio sin atender y la mayoría considera que el elevado precio del alquiler es la causa fundamental de que las familias interesadas no puedan arrendar vivienda. No obstante, el 90% asegura que en su municipio nunca ha existido un programa de viviendas municipales de alquiler y muestran su interés en un programa de rehabilitación de viviendas para alquilar a nuevos pobladores.

Precisamente, una de las alegaciones al anteproyecto de Ley aboga por facilitar vivienda a los nuevos residentes y “de manera específica en los núcleos más desfavorecidos, adoptando soluciones particularizadas y específicas”. Añade la DPH que existe una demanda importante de vivienda pero, por distintos motivos, “la oferta real no acaba de aflorar”.

Otras alegaciones apuestan por estrategias de revitalización de núcleos deshabitados, tanto como solución habitacional viable como atractivo turístico de alto valor patrimonial. “Se debería incluir una regulación urbanística específica que regule e incentive su recuperación para la acogida de nuevos pobladores o actividades de distinto carácter”, alega la DPH.

Entre los puntos que completan el documento presentado figura se pide también el fomento de la rehabilitación y la regeneración frente a la obra nueva, así como se pide que que los planes autonómicos contemplen la realidad del medio rural, más allá de las ciudades medias o capitales, “con medidas específicas para promover obras de mantenimiento e intervención en viviendas y actuaciones de urbanización o reurbanización de espacios públicos, en colaboración con el Ministerio de Fomento y las entidades locales afectadas de forma sencilla y ágil”.

Las alegaciones de la DPH plantean también implementar medidas que faciliten las operaciones de compraventa para la primera residencia, como por ejemplo mediación o arbitraje en situaciones generadas por conflictos entre herederos, el establecimiento de líneas de avales que dieran cierta seguridad a proyectos viables y con impacto positivo en las localidades o la promoción de parques de viviendas sociales, entre otras cuestiones.

La toma en consideración de los ayuntamientos cobra un peso importante en las alegaciones presentadas por la DPH a este anteproyecto de ley: se pide por ejemplo que se dote de recursos y de competencias legislativas efectivas a las administraciones locales para la adquisición de inmuebles, o posibilitar que los ayuntamientos, dado que son la administración que mejor conoce la realidad de los municipios, “puedan gestionar de modo ágil el patrimonio público de vivienda para su aprovechamiento y gestión social, atendiendo a la población más vulnerable o en riesgo de exclusión”.
También se alega que los ayuntamientos pudieran ejercer una discriminación positiva que compense las consecuencias que originan situaciones de abandonos o ruinas de edificios. “Frente a las normativas urbanísticas actuales, deberían existir herramientas que permitieran caracterizar estas zonas especialmente sensibles y disponer las actuaciones para su conservación”, piden.
Por último, desde la DPH se solicita también cierta simplificación en la tramitación administrativa de expedientes relacionados con casuísticas como situaciones de ruina. “Debería implementarse una estrategia de inversiones de mejora de los servicios generales, de la accesibilidad rodada y de la conectividad digital en el medio rural. La búsqueda de vivienda hoy en día cada vez tiene menos que ver con el lugar del trabajo (más aun con la implementación del teletrabajo), que han ofrecido históricamente las ciudades, sino que se centra en la búsqueda de un hábitat sostenible y en contacto con la naturaleza”, concluye la institución provincial en sus alegaciones.