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La DPH rechaza el copago hospitalario y exige al Gobierno de Aragón que no lo aplique
Imagen: La DPH rechaza el copago hospitalario y exige al Gobierno de Aragón que... 17-01-2014
Los diputados de los grupos PSOE y PAR han rechazado esta medida y solicitado su anulación al Gobierno de Aragón porque afecta a un derecho universal y gratuito y genera desigualdades, sobre todo entre las personas más vulnerables.

Rechazo del copago hospitalario, exigir al Gobierno de Aragón que anule la medida y manifestar la postura contraria a esa medida que afecta a un derecho universal y gratuito y especialmente de aquellas personas más vulnerables.  Estos son los tres puntos que se han aprobado el pasado 17 de enero en el pleno de la Diputación de Huesca con el voto a favor  del PSOE y del PAR. Luis Felipe, diputado responsable de Servicios Sociales, que ha defendido en el pleno la moción, ha destacado que “el copago afecta a unas 1200 personas y sobre todo a aquéllas que padecen alguna enfermedad crónica”.

De este modo, la propuesta de resolución aprobada exige al Gobierno de Aragón que anule, como ya han hecho otras comunidades autónomas, esta medida impuesta por el Gobierno central.

Rechazo a la reagrupación de registros y respeto al Estatuto de Autonomía

El pleno de la DPH ha rechazado igualmente las propuestas del Gobierno central para reestructurar o reagrupar los registros de la propiedad existentes en la provincia de Huesca. En la actualidad hay 10 y desde el Ministerio de Justicia se ha iniciado un proceso de revisión. La iniciativa aprobada rechaza que esta reagrupación “pueda suponer un nuevo recorte en los servicios que se prestan en el medio rural”.

La tercera iniciativa aprobada, en este caso de forma institucional, es la relativa a la defensa a las instituciones aragonesas. La DPH rechaza “cualquier pretensión de eliminación de las instituciones aragonesas previstas en el Estatuto de Autonomía de Aragón”. El Justicia de Aragón, el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuentas son las  instituciones hacia las cuales se exige al Gobierno central “el máximo respeto al contenido de nuestro Estatuto de Autonomía como norma institucional básica y al ejercicio del autogobierno en cuanto a las decisiones propias sobre la organización de la administración aragonesa”.

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