Son las principales conclusiones que salen de la reunión mantenida por el grupo de trabajo compuesto por responsables de los departamentos de Secretaría, Tesorería, Asesoría Jurídica y técnicos de la DPH así como la Asociación Española de Municipios con Centrales Hidroeléctricas, ADELPA y representantes de municipios afectados, también ha estado presente en esta reunión el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, quien se ha referido a que "es hora de que estos temas no se resuelvan solo en los tribunales, sin renunciar a esa vía, lo que pretendemos es llegar a amplios acuerdos, dentro de un marco legal estable donde quede plasmada una justa restitución económica y social que para los territorios afectados".

En el encuentro se ha analizado la situación actual de las zonas productoras de energía y a su vez zonas de regulación dentro de la cuenca del Ebro, tras la iniciativa parlamentaria aprobada por las Cortes Generales en este sentido y dictadas recientemente sentencias de diferente naturaleza que abren la puerta a cambios en la legislación.

Todos coinciden en la necesidad de "retomar la cuestión tan pronto esté conformado el nuevo gobierno, con la meta de fijar una norma legal al más alto nivel", por la que las reservas de energía y parte de los rendimientos vayan preferentemente destinados a los territorios cedentes.

Desde finales de los noventa, ADELPA, ayuntamientos y comarcas del Pirineo, vienen trabajando en un frente común para velar por los intereses de las zonas productoras de energía amparados en un convenio de colaboración con la propia Diputación Provincial. "No nos oponemos que  el Ministerio recupere las concesiones, pero respetando a todos los titulares que conforman la unidad necesaria de infraestructuras para su explotación", es lo que dice Miguel Gracia.

Esa compensación se reclama para el territorio que soporta estas infraestructuras, además aportan energía limpia, así como por la ocupación de Montes de Utilidad Pública y titularidad municipal de infraestructuras hidroeléctricas necesarias.

Así resume Miguel Gracia las principales acciones que se están llevando a cabo desde la DPH tomando parte a favor de los ayuntamientos y lamenta "la insuficiente participación pública en los procesos de planificación hidráulica" y recuerda que "la administración local está reconocida en la Constitución como parte integrante del Estado".

Líneas de trabajo
Las propuestas legislativas planteadas al respecto se concretan en cuatro:

1.- Inversión de un 20% del beneficio de las centrales hidroeléctrica para el desarrollo de las zonas afectadas.

2.- Reinvertir preferentemente en restitución territorial el valor de la denominada "reserva energética" estipulada en determinadas  concesiones de las centrales hidroeléctricas.

3.- Revertir a través de la Ley de Montes las compensaciones lógicas por las instalaciones a favor de los titulares del dominio de Montes Públicos.

4.- En lo relativo a la ley de Haciendas Locales, de cara a suprimir la exención de IAE de las entidades de derecho público en el caso de explotación de aprovechamientos hidroeléctricos.

Al mismo tiempo, se trabaja en el estudio y análisis de la situación concreta de fechas de extinción y caducidad de cada una de las concesiones hidroeléctricas a los efectos de planificar actuaciones y, en su caso, reivindicaciones.

En lo referente a las líneas de transporte de energía, se plantea la posibilidad de que puedan tributar en IBI con características especiales, así como en la redacción de un estudio que delimite los territorios afectados por estas líneas con bienes de dominio público ocupados.

Desde este grupo de agua y energía elaboran unas conclusiones de derecho comparado de la tributación local en la UE sobre las instalaciones de producción de energía hidroeléctrica. A día de hoy, ya existe una primera parte para llegar a cuantificar los diversos sistemas tomando como referencia la central de Lafortunada.

Los servicios jurídicos y de asistencia a municipios de la DPH también continúan defendiendo a las entidades locales pirenaicas por las sanciones de vertidos urbanos sin depuración entendiendo que no son responsables de la situación, al ser la depuración de los ríos obras declaradas de interés general en el Plan Hidrológico nacional.