Los municipios de la provincia de Huesca dispondrán para 2021 de más de 20 millones de euros para realizar las inversiones que contempla el Plan Provincial de Cooperación Económica de Obras y Servicios. Hoy la Diputación Provincial de Huesca lo ha aprobado en sesión plenaria y cada municipio puede conocer la cantidad ya que llega asignada según unos criterios que incluyen varias novedades. El objetivo es mantener la función equilibradora del territorio ya que la DPH tiene esa obligación a través de sus acciones y prestaciones de servicios o inversiones. El Plan ha salido adelante con los 17 votos a favor del PSOE, PAR y Cs. Los ocho diputados del PP se han abstenido. 

De hecho, y como principal novedad del plan tal y como ha explicado el diputado responsable de Cooperación, Francisco Mateo, “se trata de una variable que ya se tiene en cuenta en los criterios de distribución de partidas de otras administraciones  y que se incluye ahora en este plan como coeficiente corrector que permita un mayor equilibrio entre territorios de distintos municipios”. 

“Se trata de buscar un equilibrio ya que si hay ayuntamientos que pueden permitirse cobrar impuestos muy bajos es porque necesitan menos ayudas de otras instituciones, al tener otros impuestos diferenciados, de allí la variable que tiene en cuenta la carga impositiva”, ha dicho el diputado. Así, hay tres tramos  a los que se aplican coeficientes correctores que van desde el 0,8% al 1,2% y que permiten precisamente subsanar en parte situaciones de desequilibrio entre municipios.

La carga fiscal de cada municipio produce diferencias entre ellos, en especial en términos municipales colindantes, entre los cuales es habitual que haya contribuyentes individuales o colectivos que en un municipio paguen impuestos diferentes al vecino o  incluso se disfrute de bonificaciones  no solo distintas sino en algunos casos generando agravios comparativos.  

Francisco Mateo ha explicado también que hay ayuntamientos que en 2021 van a disponer de más remanentes para incorporar durante el ejercicio. “Desde la Diputación Provincial de Huesca buscamos que el dinero público que destinamos a los ayuntamientos repercuta en corregir desigualdades o desequilibrios, en la medida de nuestras posibilidades, y el tener en cuenta el criterio de capacidad tributaria nos va a permitir avanzar en ello”, ha dicho. 
Hasta la actualidad, la distribución de las partidas se hacía teniendo en cuenta el número de habitantes y el número de entidades singulares, sin contar con la principal. Estos dos criterios se mantienen con un incremento del 60%. La prioridad del plan es atender a los ayuntamientos que menos recursos técnicos y humanos tienen, de hecho se garantiza una cuantía mínima de 64.000 euros fijos a los de menos de 99 habitantes. La distribución en este apartado se hace según siete tramos de población y oscila entre esa cantidad y alcanza los 120.000 euros, para aquellos de más de 1.500 habitantes. 

Igual sucede con los tramos por número de entidades singulares de población que tiene cada municipio, con cantidades entre los 16.000 euros para aquellas que tienen de 2 a 4 entidades, a los 80.000 euros para las de más de 26 núcleos de población. 

También y como novedad para este nuevo plan se ha incorporado como novedad otro criterio de 8 euros por habitante, hasta un máximo de 5.000 habitantes

Este Plan duplica prácticamente al último, que era de 11 millones de euros, al poder incorporarse remanentes del presente ejercicio. La partida asignada a cada municipio  irá destinada a financiar íntegramente aquellas actuaciones que los ayuntamientos planteen en obras, equipamientos y/o adquisición de inmuebles, siempre garantizando la autonomía de los ayuntamientos, que son los que deciden en última instancia a qué destinar los fondos que les corresponden. 

Tests, Montearagón o educación pública temas de las iniciativas planteadas
La sesión plenaria de hoy ha debatido y aprobado varias iniciativas políticas. Por unanimidad se han aprobado una propuesta sobre la mejora de las condiciones de realización y plazos de las pruebas PCR’s, la promoción del Castillo de Montearagón como elemento patrimonial y la defensa de la red pública educativa como fundamental para el  el territorio altoaragonés, basado en pequeñas escuelas rurales y en las que la iniciativa privada, y por tanto la concertada, no existe.