El nuevo acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario y el convenio colectivo del personal laboral de la Institución provincial han sido aprobados por unanimidad en el Pleno de la Diputación y tendrán vigencia hasta 2013 en sustitución de los anteriores que vienen de 2004. Estos textos recogen más de setenta puntos cada uno y suponen la culminación de un proceso de diálogo en la Mesa General de Negociación entre los representantes de la Corporación provincial y los sindicatos (UGT, CC.OO, CSI-CSIF y USO) que comenzó a mediados de este año, pero en el que ya se llevaba trabajando desde finales de 2009.
La presidenta de la Comisión de Régimen Interior de la Diputación, María Antonia Borderías, se muestra satisfecha por los avances y ha querido trasladar el agradecimiento a trabajadores, sindicatos y miembros de la Mesa General de Negociación "por su disposición en la negociación y por entender la actual coyuntura económica". En la misma línea se expresaba Amparo Leiva como presidenta de la Junta de Personal, aludiendo a que "gracias a que el clima en todo el proceso ha sido bueno se ha podido avanzar", en materias como las ayudas de acción social, la formación de los trabajadores y los sistemas de selección de personal. Ambas también han coincidido en afirmar que la rúbrica es un punto y seguido en un proceso que tendrá su continuación en unos meses con el inicio de las negociaciones para la elaboración de la relación de puestos de trabajo en las que se reflejarán también algunas de las mejoras alcanzadas.
"Por eso, en este momento hemos querido poner más que nunca el acento en las mejoras sociales de los trabajadores", ha manifestado la responsable de Interior en la Diputación. En virtud del pacto alcanzado, aumenta el fondo de acción social para los trabajadores y contará con una partida económica fija pactada entre responsables políticos y sindicales. Las modificaciones más significativas en medidas de protección social hacen referencia a las ayudas para estudios de hijos de empleados y dirigidas a aquellos que tengan a su cargo personas con discapacidad.
Las mejoras llegan a la flexibilización de la jornada para que sea posible compatibilizar la vida profesional y la familiar con la ampliación del permiso de maternidad de forma progresiva llegando hasta las veinte semanas, y cuatro en el de paternidad. En este sentido, también se contemplan periodos de demora recuperables, por ejemplo, al inicio de la jornada laboral o la adaptación del horario para el personal con cargas familiares. Todo ello manteniendo un horario fijo de atención al público de 9 a 14 horas.
En el documento se establece la regulación en el capítulo relativo al acceso, promoción interna, movilidad y provisión de puestos de trabajo en la Diputación Provincial con unas bases comunes a este tipo de procesos de personal para su unificación. Y en materia de formación los puntos aprobados van dirigidos a que ésta alcance al mayor número de empleados, de cara a incrementar las aptitudes y conocimientos profesionales, favorecer la carrera profesional de los funcionarios y poder prestar el mejor servicio a ayuntamientos y ciudadanos.
Teniendo en cuenta el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, el acuerdo también contempla un plan para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la Institución provincial para el que previamente a su puesta en marcha se ha llevado a cabo un diagnóstico que ya muestra que a día de hoy es una realidad. En este punto, se plantea la creación de una Comisión de Igualdad que estará formada por tres representantes de la Corporación provincial y otros tantos por parte de los sindicatos.