04-07-2013 Manuel Larrosa, ganadero y alcalde socialista de Fiscal, ha tomado hoy posesión como diputado provincial y entra a formar parte de la corporación provincial por el partido judicial de Boltaña en sustitución de Antonio Escalona. Minutos después de prometer su cargo, Larrosa intervenía en la sesión plenaria para reivindicar “que se reanuden las obras pendientes en la N-260”, cuyo trazado afecta a la mitad de la norte de la provincia y que, para Larrosa, “es la manera de continuar viviendo con garantías y un mínimo de servicios en estos valles”. Al referirse a los tres tramos por resolver, que se encuentran precisamente en la provincia de Huesca, ha dicho no encontrar “voluntad del Gobierno central por continuar con estas obras”.
El pleno de la Diputación se sumaba a lo defendido por Larrosa y ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución con la que se va a exigir al Ministerio de Fomento un calendario de actuación y la tramitación de los proyectos para “retomar con carácter inmediato” la ejecución de los tramos pendientes del Eje Pirenaico (Fiscal-Balupor y congosto de Ventamillo), “buscando las soluciones técnicas y administrativas adecuadas, y sin utilizar estas para frenar la finalización”, como se contempla en el texto del PSOE, refundido con el presentado por el PAR sobre el trazado desde la intersección de la N-230 en Montanuy hasta Castejón de Sos, que sufre todavía con mayores retrasos.
Al asumir su nueva responsabilidad, Manuel Larrosa afirmaba sentir “orgullo”, especialmente por lo que significa para los ayuntamientos del mundo rural la Diputación, “que hoy por hoy es la única institución que nos apoya y nos defiende”. A sus 35 años, Manuel Larrosa lleva ya una década en política. En la actualidad, y desde hace seis años, es alcalde de Fiscal, de cuyo ayuntamiento ya formaba parte con anterioridad como concejal por el Partido Socialista. También ha desempeñado responsabilidades en la Comarca del Sobrarbe, en el cargo de vicepresidente y al frente de Bienestar Social, y en el Patronato del Parque de Ordesa y Monte Perdido en representación de la Diputación de Huesca.
El alcalde de Fiscal y nuevo diputado provincial ha señalado que la situación actual del Eje es de parón por los “cuellos de botella” que vienen a estrangular el resto de actuaciones ya ejecutadas y tienen como consecuencia la ineficacia vertebradora del conjunto de la vía. Los motivos son la falta de pronunciamiento en la parte del congosto del Ventamillo y el informe medioambiental desfavorable entre Fiscal y los túneles de Balupor, que “suena más a excusa que a realidad”, como apunta Larrosa, para quien la solución está en agilizar la tramitación en el primer caso y, para el segundo, establecer las medidas correctoras sobre el mismo trazado o un estudio inmediato de otras soluciones. En la sesión plenaria se ha catalogado como una de las inversiones en infraestructuras más decisivas para las cuatro comarcas pirenaicas, basándose en estadísticas referentes a la mitad norte de la provincia, donde reside una cuarta parte de la población altoaragonesa, mientras que acumula el 30% de las licencias de actividad económica de la provincia y más de la mitad de las plazas de hostelería de toda la comunidad autonóma.
Becas y desarrollo rural
En la misma sesión plenaria, el PSOE ha sacado adelante, con la abstención del PAR y el voto en contra del Partido Popular, una moción con las reivindicaciones de la comunidad educativa para pedir la retirada de las nuevas medidas y requisitos que imponen a las familias los gobiernos del PP aragonés y central, tanto en materia de becas y ayudas para comedores escolares como en el acceso a la Universidad. La reciente publicación por parte del Gobierno de Aragón de las convocatorias de ayudas para transporte y comedores escolares y el proyecto de modificación del decreto para la concesión de becas propuesto por el ministro de Educación supone para los socialistas vulnerar el derecho constitucional a una educación publica y de calidad, por lo que piden la dimisión, o el cese en su caso, del ministro Wert.
También se pide al Gobierno central que cumpla los compromisos adquiridos con Aragón en el programa y planes de desarrollo rural, de manera que se cuente con las partidas específicas en los presupuestos y se firme el convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible al cumplir con los objetivos exigidos, al mismo tiempo que el Ejecutivo autonómico tendrá que establecer los mecanismos administrativos y presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento de este acuerdo y garantizar los Planes de Zona.