11-03-2014 Con un Plan Provincial de Empleo que tiene sobre la mesa la DPH, de unos 5 millones de euros, se estima que se podrían generar más de 500 puestos de trabajo en la provincia.
“El Gobierno de España castiga la buena gestión en beneficio de los bancos”. Con estas palabras Luis Felipe, responsable de Bienestar Social de la Diputación de Huesca, ha denunciado que las medidas impuestas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “en lugar de dejarnos hacer nuestras políticas de acuerdo a la realidad socioeconómica de la provincia, atendiendo al desempleo, a las familias que acuden a los servicios sociales, la normativa nos obliga a financiar y capitalizar los bancos”. Por ello, Luis Felipe ha hecho público que se va a exigir al Ministerio de Administraciones Públicas que se modifique la normativa porque, señala, “lo que queremos reclamar por todos los medios es el derecho de la Diputación a gestionar sus ahorros y a decidir dónde se invierten”.
Luis Felipe y la responsable de Hacienda de la Diputación de Huesca, Lourdes Arruebo, han argumentado con datos y cifras que “la buena gestión realizada” debería ser motivo para “permitirnos dedicar los recursos a nuestras prioridades sociales o de creación de empleo”. La Diputación Provincial, tras haber presentado la liquidación del anterior ejercicio, cuenta con una disponibilidad de unos 30 millones de euros que “cuando más necesitan de nuestra ayuda los ayuntamientos y las entidades sociales, no nos dejar gastar”, tal como ha manifestado la Vicepresidenta, Lourdes Arruebo, para detallar después que “la única posibilidad que tenemos es seguir amortizando deuda, cuando hemos dicho también que está muy controlada, o bien lo dejamos en los bancos y no hacemos nada con ese dinero”, ha destacado. “¿Para qué queremos el dinero en las entidades financieras?, se preguntaba hoy Arruebo, en contraposición a lo que es “nuestra obligación de invertir, crear economía y desarrollo y dar servicios” en la provincia.
La Diputación Provincial viene realizando un riguroso trabajo en los últimos 14 años gracias al cual el nivel de endeudamiento sigue descendiendo hasta estar en menos de la mitad de lo permitido. La previsión es acabar 2014 con un nivel de endeudamiento en torno al 40%, frente a casi el 200% con que se encontraba esta institución en 1999 y muy lejos del 110% permitido por la actual legislación. A ello, según ha indicado Lourdes Arruebo, “hay que añadir que hemos cumplido con todas las obligaciones, objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto”.
“Sin embargo, de poco nos sirve cumplir estos criterios si luego no podemos reinvertir en nuestra provincia estos recursos de modo que supusieran una ayuda para colectivos más necesitados o para llevar a cabo un plan de empleo”, ha dicho Lourdes Arruebo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es básicamente la normativa que condiciona la gestión de la administración local. “Llevamos así varios años y pensábamos que esta ley facilitaría la gestión a aquellas administraciones que han cumplido escrupulosamente con una buena gestión”, ha reiterado Arruebo.
Luis Felipe ha manifestado que “cada vez son más las entidades de la provincia que recurren a la Diputación de Huesca en busca de más recursos para sostener las prestaciones y los servicios que dan a los ciudadanos de la provincia de Huesca”. De ahí, que “disponiendo de recursos económicos y de estos ahorros no es comprensible que el Gobierno central siga priorizando la ayuda a los bancos a permitirnos emprender políticas sociales”, se ha lamentado Luis Felipe, porque España es el acuarto país de la Unión Europea. después de haber recordado que la DPH está acometiendo en solitario, con recursos propios, los Planes de Obras, una situación similar al servicio de la Teleasistencia, que la Diputación presta sin recibir ni un euro del Gobierno Central, y dedicando más de 2,2 millones de euros a los social, sin tener competencias.
Un plan de empleo provincial
La DPH ha analizado la realidad socieconómica de la provincia, en la que se detecta un aumento del paro en los últimos tiempos con más de 15.000 en la actualidad y de los que tienen un contrato el 89% son temporales, y organizaciones como Cáritas está atendiendo a unas 2.500 familias. Por otro lado, los ayuntamientos de la provincia llevan desde 2011 sin recibir las ayudas del INAEM, dependiente del Gobierno de Aragón, para la contratación de personal por parte de los ayuntamientos.
Ante esta situación y si se pudiera recurrir a los recursos de la Diputación, los responsables institucionales de la Diputación estaban valorando la puesta en marcha de un Plan de Empleo Provincial, dotado con 5 millones de euros, en colaboración con los ayuntamientos que posibilitaría la contratación de más de 550 personas (casi un 4% de los 15.000 parados). Se estima un periodo de 6 meses y podrían emplearse en todos los ayuntamientos altoaragoneses.
Partiendo de experiencias anteriores, el Plan Provincial de Empleo se realizaría en colaboración con las entidades locales, para el que la DPH destinaría 4,5 millones de euros la Diputación de Huesca y con una aportación local del 10%, cada ayuntamiento podría contratar al menos a 1 persona, y en función de las necesidades del municipio, se podría aspirar en algunos sitios a crear hasta 2 ó 3 puestos de trabajo.
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