24-01-2014 La jornada se ha convocado con el fin de clarificar la forma y criterios a la hora de aplicar la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha suscitado numerosas dudas en los ayuntamientos, especialmente en lo referente a las competencias. El Presidente, Antonio Cosculluela, y el profesor y experto en temas locales Rafael Jiménez Asensio, han coincidido en aludir a la "complejidad" e "indefinición" del texto, debido a un proceso de elaboración parlamentaria emasiado rápido. Cosculluela ha reiterado que "no es la ley que necesitan los ayuntamientos" porque es "perjudicial para los servicios y para quienes viven en ellos"; además de "no solucionar los problemas que puedan tener los administraciones públicas, les genera otros adicionales" ha destacado. Jiménez Asensio añadía que "en lugar de clarificar competencias ha conseguido lo contrario".
Durante toda la jornada se han identificado los primeros impactos sobre las entidades locales de la provincia, centrados especialmente en la delimitación de las competencias municipales. A medio plazo la vista está puesta en la estabilidad presupuestaria: en la provincia las situaciones más delicadas se verán atenuadas por la buena gestión económica realizada en las administraciones locales altoaragonesas, mientras que los impactos más duros se producirán en el ámbito de las prestaciones sociales o en la desaparición de la cartera de servicios que esta ley no considera de competencia municipal.
Además de la ponencia de Jiménez Asensio, quien estuvo al frente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, también se han dado a conocer los aspectos financieros a cargo del interventor de la Diputación, y otras novedades legislativas expuestas por el secretario general de la DPH, Antonio Serrano, junto al asesor jurídico, Jorge Pueyo.
Audios