El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, participa hoy en la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Pontevedra en la que, además de pedir un fondo específico para luchar contra la despoblación, se ha solicitado que las diputacones provinciales puedan gestionar directamente este fondo. Así se lo quieren transmitir en una reunión con el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y otros responsables de órganos europeos.

En la reunión también se ha reivindicado que el Ministerio de Hacienda permita a las entidades locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria reinvertir su superávit.

La Diputación Provincial de Huesca se suma a las exigencias de la Federación Española de Municpios y Provincias (FEMP) para pedir a la Comisión Europea la creación de un fondo específico que posibilite frenar la despoblación así como se le solicitará que permita a las diputaciones provinciales la gestión directa de dicho fondo. La reivindicación llega precisamente en el momento en que se está negociando la Política de Cohesión a partir del año 2020. Así lo ha explicado Miguel Gracia, Presidente de la DPH, y que ha participado hoy en Pontevedra en la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales de la FEMP, presidida por el presidente de esta entidad, Abel Caballero, y que ha contado con la presencia del presidente de la Comisión, Paco Reyes.

Miguel Gracia asegura que la política y directrices que se marcan desde la Unión Europea han de ir dirigidas a un cambio de modelo territorial ya que, insiste, hay una auténtica crisis de territorio en muchas zonas de Europa, entre ellas la provincia de Huesca.

En la línea de lo abordado hoy en Pontevedra, considera Miguel Gracia que "así como las ciudades tienen capacidad para gestionar fondos de desarrollo sostenible, las provincias, como instituciones subregionales y supralocales, tienen que afrontar eficazmente los problemas de falta de población en el territorio y si tenemos la capacidad de gestionar directamente los fondos estructurales y de cohesión, dado el conocimiento del territorio que poseemos, podemos contribuir a frenar el proceso de despoblación del medio rural".

La DPH se suma igualmente a la exigencia de que la futura política de Cohesión contenga ejes prioritarios y financiación específica para zonas despobladas. Se trataría de inversiones adicionales y complementarias a las que son de competencia nacional o autonómico ya que "entendemos que la subdlegación de gestión de estos fondos a las diputaciones debería hacerse en colaboración con los gobierno nacionales y las regiones", han concluido.

Entre las actividades a gestionar, serían aquellas basadas en enfoques territoriales integrados, destinados a disminuir el coste adicional de infraestructuras, inversiones y servicios en dichas zonas, así como a dinamizar el capital humano y patrimonio natural que capitalizase el potencial de esas áreas para el desarrollo económico sostenible.

Asimismo se pide que la futura Política de Cohesión incluya medidas para robustecer la capacidad institucional y el capital humano de esas zonas, una mayor simplificación de los fondos cara el pago por resultados y costes globales, así como una mayor coherencia respecto de la normativa Europea de Ayudas de Estado que complementase la vertiente inversora de la política de Cohesión.

Todo ello se quiere transmitir en las reuniones que se van a solicitar desde la FEMP al Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker; a los Comisarios de Agricultura y Desarrollo Rural (Phill Hogan) y de Política Regional (Corina Cretu) así como con el Presidente del Parlamento Europeo (Antonio Tajani) y los portavoces de los Grupos Políticos.

Este ha sido uno de los puntos de la reunión que hoy se ha celebrado en la Diputación de Pontevendra. Otra de las cuestiones que están limitando la gestión de lo municipal y por ende constriñendo el desarrollo del medio rural es la limitación del Ministerio de Hacienda para que las entidades locales puedan reivertir sus superávit.

Por eso, se ha incidido de nuevo en la necesidad de instar al Gobierno de España que permita que las entidades locales reinviertan su superávit de 2017, sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe.