Los miembros de la Red Pública de Agua de Aragón han expuesto al Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, la propuesta que han elaborado para la reforma del Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) y dar un giro a la gestión de la depuración en Aragón.

Así dan por iniciada una campaña informativa que recorrerá las diferentes comarcas altoaragonesas en la que, según han trasladado, quieren que esta cuestión no solo se vincule a los principales centros de población "porque los vecinos de los medianos municipios son los más perjudicados con los sobreprecios, si se tiene en cuenta el coste real de esa depuración".

En estos términos se han expresado desde la RAPA y sobre la mesa han puesto un documento que recoge el detalle de estas cifras y unos mecanismos de financiación que rebajen los costes del actual Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y devuelva a los municipios sus competencias. Un nuevo modelo de depurar las aguas cuyos planteamientos coinciden en muchos puntos con la línea de trabajo en la provincia, donde la DPH ya cuenta con los primeros proyectos de depuradoras ecológicas adaptadas a las condiciones locales en varios municipios pirenaicos, alejándose de plantas para el tratamiento de los vertidos concebidas como meros prototipos a escala reducida de las grandes instalaciones de depuración.

Al encuentro que habían solicitado con Miguel Gracia en la sede provincial ha acudido la presidenta de la Red del Agua Pública de Aragón (RAPA), Isabel Torrecilla, junto a otros dos miembros, José Ángel Oliván y Jesús Sampériz, quienes han podido conocer estos proyectos piloto que ya tienen las poblaciones de Sahún, en el municipio de Fiscal las de Albella y Ligüerre de Ara, y Javierre, en Bielsa. Están basados en las denominadas tecnologías extensivas y en su redacción, que la Diputación ha desarrollado con la Fundación Nueva Cultura del Agua y el Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua, se han hecho compatibles las condiciones exigidas con técnicas de funcionamiento simple y costes de explotación realmente asumibles por los ayuntamientos, sin ir más lejos el mantenimiento se reduce por debajo de 12.000 euros al año en todos los casos.