Los ayuntamientos y las diputaciones deben ser las Administraciones que lideren las medidas puestas en marcha para la luchar contra la despoblación y, asimismo, las que gestionen los fondos públicos destinados para ese fin. Esta es una de las principales conclusiones alcanzadas en la primera mesa del II Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural, que se celebra desde hoy en Huesca. Todos los participantes se han felicitado de haber conseguido que el problema de la despoblación sea una de las preocupaciones del Gobierno de la Nación, como se demuestra con la creación el pasado 27 de enero del Comisionado frente al Reto Demográfico, y han reclamado la puesta en práctica de un calendario concreto con medidas urgentes.

 

En la primera mesa de debate, coordinada por Rosario Cordero Martín, Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, han intervenido Edelmira Barreira Diz, Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico; Francisco Reyes, Presidente de la Diputación Provincial de Jaén; Juan Manuel Ávila Francés, Secretario General de la FEMP; y Roberto Pérez Blasco, politólogo experto en despoblación. La Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Rosario Cordero Martín, institución organizadora del primer congreso sobre despoblamiento en zonas rurales celebrado en Montánchez en octubre de 2016, se ha alegrado que esta cuestión forme parte ya de la "agenda nacional". "Llega la hora de que se tomen medidas contundentes para atraer población a nuestros municipios", ha señalado. A su juicio, este proceso de "repoblación" de las zonas rurales debe poner en valor a los ayuntamientos y las diputaciones, por lo que ha estimado prioritario que "los fondos de la estrategia europea de crecimiento 2020 sean gestionados por los ayuntamientos".

 

"Es necesario un efecto local en todas las administraciones públicas". Edelmira Barreira Diz, Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, quien se ha mostrado "absolutamente comprometida con el medio rural", ha explicado que, fruto de los diferentes estudios realizados en materia de despoblación, como el último informe de la FEMP, "tenemos muchos datos que demuestran que existe un problema" en el medio rural. "Si algo hemos conseguido es que se hable de este problema y que los municipios tengan más voz que nunca", ha concluido. A su juicio, sólo "conseguiremos atraer población al medio rural con recursos que faciliten las oportunidades y los servicios".

 

Francisco Reyes, Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, también ha destacado que el problema de la despoblación haya pasado a ser "un tema de Estado" y ha pedido que "no se quede en un postureo del Gobierno. Hacen falta medidas concretas y presupuesto sobre la mesa". Reyes ha valorado el esfuerzo inversor realizado en los últimos años por los municipios para evitar su desaparición, esfuerzo que, sin embargo, no ha logrado frenar la despoblación. "Si no actuamos con rapidez, nuestros pueblos se quedarán vacíos. Somos muchos los que queremos vivir en donde hemos nacido, pero queremos unas condiciones mínimas". El Presidente de la Diputación Provincial de Jaén ha apostado por invertir en comunicaciones y en reducir la brecha digital, "pero esas inversiones no servirán para nada sino abordamos acciones que fomenten la creación de empleo con incentivos fiscales" que logren atraer a la población. Ha pedido la puesta en marcha del Estatuto del emprendedor rural.

 

El Secretario General de la FEMP, Juan Ávila, se ha felicitado de que "por primer vez, la lucha contra la despoblación es una política de Estado", hecho que ha atribuido a la lucha llevada a cabo desde la Administración local en los últimos años. "Ningún país se puede permitir el lujo de que el 80% de su territorio se quede despoblado", ha advertido y ha considerado "fundamental" que las entidades locales gestionen los fondos públicos destinados a la lucha contra la despoblación. Ha hecho un llamamiento a los municipios a liderar la aplicación de medidas concretas que frenen la despoblación "después de haber conseguido que la lucha sea una política de Estado". "Debemos tener servicios e infraestructuras del siglo XXI, que tengan que ver con la revolución digital", ha concluido.

 

Finalmente, Roberto Pérez Blasco, politólogo experto en despoblación, ha denunciado "el fracaso estrepitoso" de las Comunidades Autónomas en la aplicación de medidas de reequilibrio del territorio. En este proceso, ha señalado, "las administraciones locales ha sido las vapuleadas". Roberto Pérez ha resaltado la "gravedad" de la despoblación: "En el último trienio, el medio rural ha perdido cinco habitantes por hora. Cada quince días, un municipio se suma a la lista de pueblos en riesgo extremo de extinción". Ante esta situación, ha reclamado el liderazgo de las entidades locales para llevar a la práctica las medidas de la FEMP recogidas en un documento "histórico, hecho desde abajo, desde los ayuntamientos, para llevarlo al Comisionado". A su juicio, el Estado debe hacer suyo ese documento y elaborar una agenda de trabajo "desde el próximo lunes".

Representantes de distintas organizaciones que trabajan desde el medio rural han participado en la mesa redonda "Cohesión e igualdad de oportunidades: Discriminación positiva y política fiscal" en el II Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural para defender distintas ideas de impulso económico y social.

El coordinador de la mesa, José Víctor Rodríguez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la FEMP, ha presentado esta mesa, destacando que ha unido a representantes del tejido social y los sectores que trabajan en el medio rural, a los que hay que empoderar porque son los mejores conocedores de las medidas encaminadas tanto al bienestar social como a la generación de empleo, que se necesitan para fijar población.

Para tratar de la promoción de los recursos agrarios y ganaderos, la mesa ha contado, en primer lugar, con Juan Francisco Barcones, Secretario Técnico de ASAJA en Soria, que ha destacado que las zonas más despobladas se corresponden con las que tienen mayores limitaciones naturales para la agroganadería, por lo que ha defendido que se les compense especialmente para estabilizar sus rentas, tanto en la PAC como en aspectos como los seguros agrarios "porque las primas se basan en las series históricas de daños y acaban siendo onerosos", así como en las ayudas a la incorporación de jóvenes a la agricultura.

La puesta en marcha de nuevos regadíos, "mirando más al agricultor que al territorio, porque ya se ha pasado la época de los grandes proyectos" o la transferencia de conocimientos para poner en marcha nuevos cultivos han sido otras de las propuestas señaladas por Barcones.

En el impulso a la incorporación de nuevos agricultores, frente al envejecimiento del sector, también ha incidido José Manuel Penella, Secretario General de UAGA, que ha recalcado en una idea clave: "O trabajamos con los jóvenes y mujeres o no revertimos esta situación". Penella ha señalado que durante tiempos se ha fomentado "una imagen en la que ser agricultor es lo último" y se limitaba a los varones "así que hay mujeres titulares, pero no verdaderas agricultoras", por lo que ha defendido "formación para quedarse, que es lo contrario de lo que ha habido hasta ahora" y medidas que favorezcan "un modelo social y profesional de la agricultura".

Otras líneas de actuación han sido las planteadas por Carlos Torre, Presidente de CEOE Teruel en representación de SSPA (Southern Sparsely Populated Areas), asociación creada para promover en la Unión Europa los cambios en apoyo de las regiones despobladas del sur de Europa y que ha estudiado cómo en Escocia se ha conseguido revertir este problema para proponer medidas que se están presentando tanto en el Parlamento Europeo como a todas las instituciones "porque todos tenemos que trabajar de forma conjunta".

Como claves de éxito del caso escocés, la asociación ha destacado: organización autónoma y despolitizada; planificación a medio y largo plazo; presencia y acción sobre el territorio, con suboficinas locales; aqutonomía financiera con recursos propios; actitud preactiva; gestión ágil y transparente; comunidades locales fuertes, favoreciendo la inversión privada; y fuerte inversión en capital humano. Además Torre ha destacado que el dinero no reemplaza las premisas para el desarrollo" y los apoyos deben conjugarse con la atención a las necesidades vitales.

La visión desde los pequeños Ayuntamientos la ha dado Mari Carme Freixa, Presidenta de la asociación Micropobles, que reúne a 134 municipios catalanes de menos de 500 habitantes, que suponen un tercio de los Ayuntamientos y el territorio de Cataluña, y que la ponente ha destacado que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los habitantes, garantizando la igualdad de oportunidades, y darles visibilidad a los pequeños municipios.

Freixa ha resaltado la diversidad de situaciones de los miembros (por geografía, proximidad acabeceras, economía…) y ha resumido sus principales reclamaciones, que incluyen tener en cuenta parámetros correctores como extensión, caminos rurales; la libre mancomunación de servicios; el fomento de soluciones locales, respetando la iniciativa desde los mismos Ayuntamientos, "porque tiene sentido que en una comisión de Desarrollo Rural esté el alcalde de un municipio de cien mil habitantes"; y la definición desde el territorio de criterios de planificación como, por ejemplo, el urbanismo.

"No digas lo que la Unión Europea puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por la Unión Europea". Parafraseando a Kennedy ha iniciado esta tarde su intervención la eurodiputada socialista, la aragonesa Inés Ayala, en la tercera mesa que ha analizado el papel clave que la Unión Europea debe jugar en la lucha contra la despoblación del medio rural. Además de Ayala, han intervenido Carlos Martínez Mínguez, Alcalde de Soria y Vicepresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), quien ha coordinado la sesión; Mercedes Molina Ibáñez, Catedrática de Geografía Humana, Universidad Complutense, y Juan Andrés Gutiérrez, Presidente de Euromontaña.

El Alcalde de Soria y Vicepresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), Carlos Martínez, ha recordado que Soria y Teruel son las dos provincias más despobladas del país y que tienen problemas comunes a otras regiones europeas de Irlanda y Escocia. Según ha apuntado, el problema de la despoblación es "consecuencia de la apuesta política por el desarrollo económico en el que ha primado la renta per cápita en lugar de la igualdad de oportunidades". Martínez ha reclamado mayor protagonismo de los gobiernos locales en la elaboración de estrategias que favorezcan el equilibrio territorial y en la gestión de los fondos públicos que se destinan a erradicar la despoblación. El Alcalde de Soria ha lanzado un mensaje de esperanza de cara a la próxima negociación de los fondos de cohesión y ha reivindicado la necesidad de conseguir lo que ha denominado "la globalización de los derechos territoriales".

Mercedes Molina Ibáñez, Catedrática de Geografía Humana, Universidad Complutense, por su parte, ha abierto su intervención asegurando: "Hay una cosa que nos une, y es que estamos convencidos de que los territorios tienen futuro y posibilidades". En este sentido, ha hecho un llamamiento a "visibilizar el problema de la despoblación del medio rural" para que "Europa tome conciencia". A su juicio, la despoblación española es consecuencia del paso de una España agraria a "un modelo de concentración urbana, que ha sido responsable de grandes migraciones". Se ha mostrado partidaria de adoptar medidas de discriminación positiva a favor de los territorios de ámbito rural., como la reforma de la Política Agracia Comunitaria. "Debemos actuar hoy; mañana será tarde", ha advertido.

Juan Andrés Gutiérrez ha explicado que Euromontaña es una red europea dedicada a "mejorar la calidad de vida de las zonas de montaña". Se trata de un lobby de proporciones modestas, creado en 1996 y que cuenta en la actualidad con 70 socios, la mayoría de países pertenecientes a la Unión Europea. Su principal función es "representar a las zonas de montaña europeas, promover su fortaleza a través de la organización de eventos  congresos; organizar la cooperación entre sus habitantes a través de proyectos europeos y elaborar estudios a petición de Gobiernos nacionales". A su juicio, hay que huir de soluciones sectoriales y apostar por soluciones territoriales y "concretas de las zonas de montaña". Ha concluido su intervención con una advertencia: "Estamos ante una brecha que crece cada vez más entre el medio rural y el medio urbano y eso es peligroso. El medio rural empieza a sentirse abandonado".

Finalmente, la eurodiputada socialista Inés Ayala, ha hecho alusión a  los problemas económicos que va a provocar el Brexit y a la ola liberal que invade Europa partidaria de privatizar servicios públicos básicos en el medio rural, como es el ferrocarril. "En este momento, hay abierta una crisis con el Brexit y cómo se va a gestionar un presupuesto comunitario que va a ser decreciente por la marcha de Reino Unido, lo que va a generar fuertes presiones en el reparto del dinero". Ayala ha abogado por luchar contra la despoblación, acogiendo e integrando en los territorios más afectados por este problema a los miles de refugiados que piden asilo en Europa.

Todos los participantes en la mesa redonda "Propuestas legislativas ad hoc-normativa" del II Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural han defendido la importancia fundamental de contar con una legislación específica para el medio rural y elaborada además contando con las administraciones locales. Como ha señalado el director de la mesa, Francisco Boya, Presidente de EsMontañas, asociación española de los municipios de montaña, "es un camino que debemos explorar porque efectivamente una escuela o empresa en los pequeños pueblos no cuadra con los parámetros de las ciudades".

En esta línea, Carmela Silva, presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, ha comenzado su intervención señalando que no es cierto que la despoblación sea ya una prioridad política "aunque sí que la FEMP y las Diputaciones Provinciales hemos obligado a establecer una posible estrategia", para luego destacar que "aquello que no se legisla y obliga a actuar se queda en meros gestos y ya no es el momento". Así ha pedido, con ejemplos como la educación o la fiscalidad, que "toda la legislación tenga una mirada trasversal en el mundo rural". Silva ha detallado que esta legislación contra la despoblación debe comenzar por la UE, demandando que se incluya como una línea estratégica para 2020 y creando sinergias con otros países en esta demanda "porque los países del norte tienen estrategias diferentes". Igualmente se debe "exigir ya al Estado español una estrategia con objetivos claramente delimitados", mejorando y ampliando la actual Ley de Desarrollo Sostenible Medio Rural de 2007 y partiendo de que no todo el mundo rural es igual, por lo que finalmente las Comunidades Autónomas deben adaptar la legislación a sus particularidades. Además, la presidenta de la Diputación de Pontevedra ha reclamado un "papel protagonista" para las administraciones locales, dándoles "capacidad de gestión con recursos derivados del Estado y las Comunidades".

En representación del nivel autonómico, Antoni Such, Director General de Administración Local de la Generalitat Valenciana, ha explicado el trabajo de la Agenda Valenciana Anti Despoblación, que ha señalado que se ha comenzado a trabajar por primera vez con el objetivo de "poner encima de la mesa la totalidad de recursos" para así "tratar de forma desigual a los desiguales". Such ha señalado que se pretende aprobar antes de un año un proyecto de ley antidespoblación con medidas fiscales (exención de tasas, deducciones en el tramo autonómico renta), un régimen urbanístico simplificado o un estatuto de los municipios. En suma un paquete global con "estrategias destinadas al desarrollo de áreas en conjunto", atendiendo a los problemas concretos de cada lugar y basado también en flexibilizar las ratios en los recursos sociales para "intentar que haya calidad de vida en todos los municipios".

Finalmente Judit Flórez, Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, ha destacado como idea clave que "marco legislativo, sí; cualquier marco, no", señalando distintos retos. De esta manera ha señalado que el propio Parlamento Europeo ha reconocido que el poyo a las zonas poco pobladas y de montaña ha sido insuficiente y España "no ha sabido negociar", y así es necesario "auditar y armonizar directivas y reglamentos", por ejemplo con la diferencia de trato en la venta directa de productos agrícolas entre Francia y España. Flórez ha denunciado este mismo déficit dentro de la legislación española, que ha criticado por su dispersión, reclamando "unificar a través de la legislación básica estatal", como único instrumento para garantizar un mínimo común y acabar con el riesgo de los desequilibrios territoriales.

Todas estas intervenciones han suscitado la pregunta de si no puede ser un problema el exceso de legislación, aunque los ponentes han considerado que es precisamente la falta de marco general y de armonización la que provoca este problema.

La compleja relación entre el medio urbano y el medio rural ha sido tema de debate de esta mesa, que ha sido coordinada por Jaime Izquierdo, experto en Desarrollo Rural, y en la que han intervenido como ponentes Luis Antonio Sáez, investigador asociado del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) y profesor de la Universidad de Zaragoza;  José Luis Gurría Gascón, Catedrático de Geografía humana de la Universidad de Extremadura; Aurelio García Bermúdez, Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural e Iratxe Bolaños, psicóloga rural, coach y formadora.

Jaime Izquierdo, autor del libro titulado "Asturias, región agropolitana. Las relaciones campo ciudad en la sociedad posindustrial", ha recordado que desde siempre el campo ha alimentado a la ciudad en un entorno de proximidad y ha concluido que "las ciudades son hijas del campo". Para este experto en Desarrollo Rura, el país no se mueve sólo gracias al dinamismo urbano, sino que "el país son ciudades y pueblos". Por ello, ha abogado por rediseñar las relaciones de futuro entre el medio rural y urbano.

Luis Antonio Sáez, investigador asociado del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) y profesor de la Universidad de Zaragoza, se ha mostrado en desacuerdo con la dicotomía medio urbano y medio rural, al estimar que "hoy en día no hay tanta distinción, ya que hay muchos alcaldes de pueblo viven en la ciudad o al revés". Entre sus propuestas, reclama un análisis interdisciplinar, además del fomento del arraigo que genera capital social en el medio rural. También ha pedido huir del victimismo al advertir que "nunca el medio rural había tenido tantas herramientas a su alcance como hasta ahora".

José Luis Gurría Gascón, Catedrático de Geografía humana de la Universidad de Extremadura, ha explicado el caso de su comunidad, similar en extensión a Aragón, pero que a diferencia de esta última, ha logrado desde finales de 1980 estabilizar el número de habitantes del medio rural. "Extremadura es un ejemplo de buena práctica rural. Es la región con mayor población rural asentada". Ello ha sido posible a los programas de desarrollo rural de la UE y al importante papel que han desempeñado las ciudades en este proceso, ya que han ofertado  para sus habitantes y para los del entorno rural equipamientos y servicios. De esta forma, "en una distancia de 30 kilómetros de las ciudades se concentra el 90% de la población".

Aurelio García Bermúdez, Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, ha remarcado que ahora que el tema de la despoblación está en la agenda política del Gobierno "necesitamos que haya una agenda económica". El Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural ha reclamado una fiscalidad distinta para el medio rural y se ha preguntado "por qué no se puede innovar en los pueblos. Quién lo ha dicho". Ha finalizado su intervención reclamando a la clase política que "no se hagan leyes pensando siempre en el medio urbano" y ha advertido que el objetivo de  las ayudas de la PAC es fijar población en el medio rural y "donde más PAC se cobra es en el barrio Salamanca de Madrid", en donde residen grandes propietarios de hectáreas de terreno.

Finalmente, Iratxe Bolaños, psicóloga rural, coach y formadora, ha explicado que su trabajo pretende "intentar dar voz y dignidad a la gente que vive en los pueblos". "Hay que facilitar que podamos vivir donde queramos", ha explicado esta psicóloga rural de origen vasco y que decidió fijar su residencia en un pequeño municipio de la provincia de Soria en donde ha puesto en marcha un proyecto que busca facilitar los lugares de encuentro entre los vecinos que residen en municipios de la zona. A su juicio, ni los políticos ni los medios de comunicación se acuerdan de los habitantes de los pueblos. "No hay cobertura mediática de casos éxito de experiencias sostenibles en los pueblos", ha señalado.

La mesa redonda "Presupuestos públicos y despoblación. El papel de las administraciones locales en la lucha contra la despoblación" del II Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural ha servido para presentar distintas iniciativas novedosas desde Diputaciones y Comunidades Autónomas, además de reinvindicar el papel gestor de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

El director de la mesa, Ignacio Molina, profesor de Geografía de la Universidad de Valladolid, ha presentado el debate señalando que "el dinero no es todo, pero sin una aportación económica específica, no tenemos nada que hacer", además de destacar que la Administración local ha sido el gran perjudicado de la crisis y los recortes "a la que se ha recortado más y de manera más evidente"  y especialmente en los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, pese a que aquí se encuentra la mayor parte de los municipios sin deuda viva "y se merecen una financiación acorde a su capacidad de gestionar",

Javier Moliner, Presidente de la Diputación Provincial de Castellón, ha comenzado el turno de los ponentes apostando por "elevar la voz ante la Unión Europea, que ahora es la única generadora de fondos" y ha explicado la labor de lobby desarrollada "no para conseguir más fondos, sino para hacer ver la operatividad de las Diputaciones a la hora de gestionarlos", por su conocimiento del territorio y su mejor capacidad de llegar de forma capilar y cofinanciar. Por otra parte, Moliner ha incidido en que "los tratamientos paliativos solo servirán para dulcificar la muerte del medio rural" para defender que todos los fondos deben centrarse en crear empleo "o tendremos un medio rural más bonito y con mejores servicios, pero más vacío". Además, ha añadido la necesidad de "generar alianzas" con el resto de administraciones, ciudadanos, empresas… aunque sin pensar en la rentabilidad inmediata "que siempre perjudica al mundo rural".

Joaquín Palacín, Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, ha presentado en su intervención la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación, que ha destacado que "no es un documento más, sino que pretende aportar soluciones con reflejo en los presupuestos". Palacín ha explicado que este documento, actualmente en exposición pública, y que se espera aprobar en octubre para que los presupuestos de 2018 destinen partidas, recoge 370 propuestas concretas surgidas "de un proceso muy participativo, que todo el territorio pueda hacer suyo para luchar contra este problema durante los próximos 8-10 años" y que además recoge ideas que corresponden al Estado o los Ayuntamientos "buscando no solo la coordinación, sino la cooperación, dos conceptos que tienen que ir de la mano". En estas directrices, el Director General ha destacado que se trata de demografía, ocio, actividad económica, equipamientos, sociología… para proponer acciones concretas en 15 ejes con ejemplos como acceso universal a la banda ancha, incentivos fiscales, elevar la prestación de los servicios básicos, simplificar trámites administrativos, transporte cooperativo, ayudas al alquiler de vivienda, domótica para personas mayores o un Fondo de Cohesión Territorial.

Estíbaliz García Nova, Jefa de Gabinete de la Diputación Provincial de Albacete, ha comenzado su intervención lamentando que "no se ha sabido encontrar equilibrio entre despoblación rural y masificación de las ciudades y se ha legislado desde los despachos sin conocimiento del mundo rural". Así, ha puesto como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Yeste, que suma 137 núcleos de población, para resaltar los problemas especiales que supone dar servicios a los ciudadanos "pese a que los municipios con gran dispersión se les trata igual" y ha rechazado propuestas como la fusión de municipios que plantean normas como la Ley de Racionalización de la Administración Local, por lo que ha defendido que en el próximo Congreso participen representantes de las grandes ciudades "para que conozcan la realidad del mundo rural y llegar a acuerdos". En esta línea, la ponente ha considerado "vital entender que cada municipio tiene sus características" para presentar el proyecto de Mesa de Desarrollo Rural que ha propuesto la Diputación Provincial de Albacete, donde participan los distintos grupos de desarrollo rural de la provincia para que prioricen dónde deben ir las inversiones de la Diputación, no solo en obras y servicios sino en todas las áreas de su presupuesto.