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La DPH pide al Gobierno de Aragón normativa que facilite a los ayuntamientos un marco legal común con respecto a los proyectos de energías renovables
Imagen: La DPH pide al Gobierno de Aragón normativa que facilite a los... 31-10-2021 El Presidente

La Diputación Provincial de Huesca ha pedido que desde la administración autonómica se ayude a los ayuntamientos de cara a poder ampararse en un marco legal común para dar respuesta a los proyectos de energías renovables que cada vez más proliferan no solo en la provincia altoaragonesa sino en todo España. Así se lo trasladó el Presidente de la DPH, Miguel Gracia, a la Plataforma La Fueva no se vende, tres de cuyos miembros, Carlos Espluga, Jesús Solano y Joaquín Mur   estuvieron la pasada semana reunidos en la Diputación de Huesca.

La Plataforma participó a mediados de octubre en la manifestación convocada en Madrid para mostrar el rechazo a los macroproyectos de energías renovables. Según trasladaron a Miguel Gracia, se buscan un modelo de transición energético “justo, equilibrado y que cuente siempre con la opinión de los habitantes del territorio”.

Para que los ayuntamientos tengan un marco legal al que acogerse y de cara a respaldar y facilitar su acción y respuesta a los diferentes proyectos que puedan plantearse, Miguel Gracia considera necesario el amparo de la normativa. Pone como ejemplo a otras Comunidades Autónomas, donde sí hay diferente normativa para regular los criterios y condiciones de viabilidad e idoneidad para la implantación de parques de energías renovables. 

“Es fundamental el entendimiento con los habitantes de los territorios donde se quieren implantar estos proyectos; además hay lugares donde la afección es menor que en otros y donde no hay contestación social”, explica Miguel Gracia.

En este sentido, además de implicar al territorio y de buscar el entendimiento, para Miguel Gracia es importante disponer de legislación ad hoc. Recuerda que en los últimos meses están proliferando proyectos de este tipo por todo el país y los  ayuntamientos no disponen de elementos y recursos jurídicos que les amparen, así como normativa a la que recurrir.